Quito, 14 de enero de 2026.
La Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana (FEDA) participó este miércoles en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional, en calidad de invitada a Comisión General, para presentar observaciones y aportes técnicos y jurídicos al Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación y Ejercicio de los Agentes de Aduana en el Ecuador.
Durante su intervención, nuestra presidenta, Katya López, señaló que el comercio exterior constituye una actividad estratégica para el país por su incidencia en la recaudación fiscal, la competitividad, la inversión, la seguridad jurídica y la imagen internacional del Ecuador. En ese marco, subrayó que la aduana cumple una doble misión de control y facilitación, cuya ejecución requiere la participación profesional de los agentes de aduana como parte estructural del sistema.
López enfatizó que se trata de una profesión altamente especializada, sujeta a requisitos estrictos de formación, licenciamiento, garantías e idoneidad técnica y ética, lo que evidencia su carácter de función pública relevante y de auxilio directo a la autoridad aduanera, orientada a proteger no solo intereses privados, sino también el interés público y la seguridad del Estado.
Por su parte, Fernanda Inga, síndica de FEDA, sostuvo que resulta indispensable contar con una ley específica para los agentes de aduana, considerando que son auxiliares de la administración aduanera que no integran la estructura del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) ni ostentan la calidad de funcionarios públicos. En ese sentido, afirmó que su ejercicio profesional no puede mantenerse regulado de forma dispersa en el Código Orgánico de la Producción u otras disposiciones internas.
Inga explicó que, al igual que ocurre con otras funciones esenciales para el Estado —como la de notarios o contadores— los agentes de aduana requieren un marco normativo claro, autónomo y estable, que garantice seguridad jurídica, previsibilidad y reglas consistentes, conforme al artículo 82 de la Constitución.
Finalmente, como FEDA dejamos claro que la ausencia de una ley específica propicia cambios recurrentes de criterios entre administraciones, genera incertidumbre, impacta el debido proceso, la inversión y a los operadores de comercio exterior, afectando también al Estado.
Para finalizar, se reiteró, que el proyecto no crea una nueva figura, sino que busca ordenar y fortalecer jurídicamente una función ya existente y reconocida, en concordancia con buenas prácticas internacionales.
